A partir del próximo lunes, entrará en vigencia un aumento significativo en el monto de las sanciones por infracciones de tránsito en la Ciudad. Esta medida, que fue anunciada en el Boletín Oficial el pasado viernes y aprobada por la Legislatura porteña a mediados de julio, contempla un incremento del 38% en el costo de las multas. Con este cambio, el precio de la Unidad Fija, utilizada para calcular las infracciones, se elevó de $1.20 a $1.66. Este ajuste afecta a todas las infracciones, incluso a aquellas que ya habían sido registradas anteriormente, salvo que una sanción específica ya hubiera sido definida por un controlador.
La única disidencia en la votación provino de la legisladora Rocío Sánchez Andía, quien cuestionó la falta de equidad en la aplicación de unidades fijas bajo diversas normativas. Las autoridades justifican el aumento como un medio para compensar el efecto de la inflación y equiparar los costos de las sanciones en la Ciudad con los de otros distritos, particularmente en la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia, la Unidad Fija está vinculada a la variación de los precios de la nafta Premium de YPF, lo que permite actualizaciones más dinámicas. Para poner esto en perspectiva, una multa por mal estacionamiento en la provincia puede oscilar entre $325 y $650, dependiendo de las circunstancias, mientras que en la Ciudad, la nueva sanción se establece en $249, un aumento respecto a los $180 anteriores. Otras infracciones, como violar un semáforo en rojo, podrían costar entre $249 y $2,490.
Sin embargo, la estrategia de incrementar multas como forma de promover el cumplimiento de las normas ha sido objeto de debate. Expertos en seguridad vial, como Alberto Silveira de la ONG Luchemos por la Vida, sostienen que simplemente aumentar las sanciones no se traduce en una mejora en el comportamiento de los conductores. Silveira propone que la implementación efectiva de las sanciones es más crucial para cambiar actitudes que el simple aumento de los montos. Además, también plantea que existe una inconsistencia en las proporciones entre diferentes infracciones, sugiriendo que ciertas violaciones, como el mal estacionamiento, deberían ser sancionadas de manera diferente que conductas más peligrosas, como llevar a un niño en el asiento delantero.
Cabe recordar que la última modificación en el costo de las multas ocurrió en 2010, cuando se implementó un incremento del 20%. En este contexto, el gobierno había defendido la necesidad de un ajuste cercano al 40%, lo que refleja el impacto del proceso inflacionario.
Además de las nuevas multas, también se han incrementado los costos asociados con el acarreo de vehículos y los peajes en la ciudad. Desde julio, el costo de acarreo pasó de $190 a $350, mientras que las tarifas de peaje varían entre el 17 y el 33% de aumento, en función de la ruta. Esta serie de aumentos podría generar un debate más amplio sobre la movilidad y la administración del tráfico en la Ciudad, y abre preguntas sobre cómo las políticas de tránsito afectan la economía de los ciudadanos y su comportamiento al volante.
Para un análisis más profundo, sería interesante considerar la relación entre el incremento de las tarifas y los patrones de movilidad en la Ciudad, así como investigar posibles alternativas para mejorar la seguridad vial sin depender únicamente de sanciones económicas. Asimismo, se podría indagar sobre el impacto que estas medidas tendrán en las comunidades afectadas y en su voluntad de cumplir con las normativas de tránsito.