En la ciudad de Buenos Aires, donde el costo de vida ha experimentado un aumento generalizado, las multas por infracciones de tránsito se mantienen inalteradas desde febrero de 2019. En contraste, la provincia de Buenos Aires ha ajustado sus sanciones en función de los incrementos en el precio de la nafta, resultando en un aumento del 17% en el costo de la Unidad Fija (UF) desde enero de 2023. Esto plantea un problema de proporcionalidad entre las tarifas de las multas que se aplican en ambas jurisdicciones.
Las Unidades Fijas son un mecanismo determinante para calcular las multas; sin embargo, las diferencias en su actualización han generado disparidades significativas. En la capital, la UF equivaldría a medio litro de nafta premium, mientras que en la provincia representa un litro completo. Este desfase significa que las sanciones en Capital son considerablemente más bajas, con multas por mal estacionamiento que rondan los 2,140 pesos, en comparación con los 6,309 pesos en la provincia.
Con el contexto electoral en el aire, el gobierno porteño ha optado por no realizar la actualización habitual de agosto, lo que ha llevado a la permanencia de tarifas de 2019. Desde el Ejecutivo, se ha indicado que no se planifican ajustes en medio de un entorno que limita el incremento de tarifas de servicios públicos, lo que podría interpretarse como una estrategia para evitar reacciones desfavorables de los votantes. En este marco, se vuelve esencial preguntarse si estas multas están diseñadas para desincentivar el comportamiento imprudente o si, en cambio, se convierten simplemente en un recurso de recaudación fiscal.
Expertos como Fabián Pons del Observatorio Vial Latinoamericano señalan que el verdadero objetivo de las multas debería ser la disuasión de las infracciones. Un sistema de sanciones eficaz sería aquel en el que el infractor reciba comunicación inmediata sobre su falta, permitiendo una reacción rápida que impida la reincidencia. La actual falta de control dinámico y la notificación tardía hacen cuestionable la efectividad del sistema.
Además, si bien la ley porteña ha introducido un sistema de scoring que busca penalizar con el descuento de puntos en la licencia de conducir, este mecanismo debe complementarse con controles más sólidos y visibles en las calles. Es notable que las infracciones más peligrosas, como el no respeto a la prioridad de paso, aún carecen de un control exhaustivo.
La situación actual invita a reflexionar sobre la función de las multas en la estructura de control del tránsito. Más allá de su efecto disuasorio, ¿se están utilizando como un mero instrumento recaudatorio? ¿Habrá un momento en que se unifiquen las políticas de sanción entre las distintas jurisdicciones para establecer una normatividad más equilibrada? Por lo tanto, investigar cómo otras ciudades del mundo enfrentan temas similares podría aportar perspectivas valiosas para la mejora de la seguridad vial en la región.