A partir de febrero, más de un centenar de cámaras de fotomultas en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a captar imágenes del interior de los vehículos, con el objetivo de identificar el uso del celular y la falta de uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores. Estas cámaras, ya conocidas por registrar excesos de velocidad y semáforos en rojo, ahora se enfocarán en tres infracciones adicionales que, hasta ahora, solo eran detectadas por agentes de tránsito.

El nuevo sistema fue presentado por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, que destaca que, aunque las cámaras tomarán imágenes, un operario humano será quien confirme cualquier infracción. La utilización de software avanzado permite analizar el comportamiento del conductor, generando inquietudes sobre la privacidad. En este sentido, las autoridades aseguran que las imágenes de las caras de los conductores no serán visibles, y el rostro de un posible acompañante se ocultará con un cuadrado negro.

Las cámaras también serán capaces de detectar giros indebidos en motovehículos y tienen un papel protagónico en la mejora de la transparencia en la fiscalización, ya que se contará con un registro fotográfico que respalde cada infracción, alejando cualquier disputa entre la palabra del agente y del conductor.

Este nuevo enfoque ha suscitado interrogantes, especialmente en relación al uso de celulares en rotondas o semáforos. Las autoridades aclararon que las cámaras tomarán fotos únicamente si se determina que el conductor manipula su teléfono, aunque la normativa permite consultas de ruta siempre y cuando el dispositivo esté en un soporte.

Desde 2019, se ha constatado un notable incremento en el uso de celulares mientras se conduce, triplicándose la cantidad de infracciones relacionadas con este tema. Igualmente, se ha observado una baja en el uso del cinturón de seguridad, lo que es alarmante dado que una distracción de sólo tres segundos a 40 km/h implica recorrer 33 metros sin prestar atención.

Las ubicaciones de las cámaras están estratégicamente seleccionadas, visibilizadas mediante señalización y en aplicaciones de movilidad, enfocadas en áreas con mayor riesgo de accidentes.

En materia de sanciones, las multas por excesos de velocidad pueden escalar hasta los $233,480, mientras que las infracciones por uso de celular y la falta de cinturón de seguridad también conllevan multas significativas. Esto lleva a reflexionar sobre cómo estas medidas podrían influir en los hábitos de conducción de los porteños y en la percepción de seguridad vial en la ciudad.

Nuevas Perspectivas

La implementación de este sistema de cámaras plantea un balance delicado entre la seguridad vial y los derechos de privacidad de los ciudadanos. Aunque el objetivo es claro—reducir comportamientos imprudentes al volante—, el debate sobre hasta qué punto el Estado debe interferir en la vida privada de los individuos es cada vez más relevante en la era digital.

Además, la pregunta sobre la efectividad de estas cámaras en la reducción de accidentes y el cambio de comportamientos en los conductores es crucial. Un enfoque en la educación vial y campañas de concienciación podrían complementarse con la vigilancia tecnológica, ayudando a promover una cultura de conducción más responsable.

Preguntas para la Investigación Futura

  1. Privacidad vs. Seguridad: ¿Cómo se pueden diseñar estos sistemas de vigilancia para minimizar el impacto en la privacidad de los ciudadanos?
  2. Educación y Conciencia: ¿Qué medidas educativas podrían implementarse para mejorar el civismo vial y complementar estas tecnologías?
  3. Impacto a Largo Plazo: ¿Habrá una reducción real en los incidentes viales tras la implementación de estas fiscalizaciones electrónicas?
  4. Comparativa Internacional: ¿Qué estrategias utilizan otras ciudades que han implementado tecnologías similares y qué resultados han obtenido?

Esta información invita a un análisis más profundo sobre cómo las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para mejorar la seguridad vial y, al mismo tiempo, rescatar el respeto por los derechos individuales de los ciudadanos.