Desregulación de Infracciones de Tránsito: Un Sistema que Falla
En el contexto argentino, se ha revelado una preocupante realidad sobre las infracciones cometidas por los vehículos oficiales. Un exfuncionario, con la condición de anonimato, subrayó una inquietante tendencia: muchos de estos autos no sólo se encuentran exentos de sanciones, sino que también provocan un efecto desincentivador en el cumplimiento de las normativas viales. El caso más reciente involucra al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuyo auto acumula más de 137 multas, totalizando una deuda superior a $21,5 millones. Este escándalo pone de manifiesto un fenómeno más amplio que se asemeja a un iceberg, donde la parte visible representa solo una fracción del problema que se encuentra debajo de la superficie.
La falta de transparencia y la desorganización en el sistema de gestión de infracciones son alarmantes. Actualmente, no hay un registro centralizado que permita conocer cuántos vehículos oficiales circulan por el país y cuántas infracciones han cometido. Por ejemplo, en Argentina, se estima que hay un gran número de autos estatales que siguen funcionando sin consecuencias legales. Esta impunidad se ve alimentada por la errónea creencia de que los autos oficiales tienen algún tipo de privilegio en cuanto a las normativas de tráfico, un mito que, aunque parcialmente cierto en algunos aspectos, carece de respaldo legal.
El deliberado desinterés por castigar a los infractores del Estado también plantea un dilema ético. Las multas no solo son una fuente de recaudación para las arcas estatales, sino que también tienen un papel educativo crucial en la promoción de la seguridad vial. Un análisis de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) destaca cómo en 2023, más de 3.700 accidentes fatales resultaron en la muerte de 12 personas diarias en el país, reflejando la gravedad de la situación. Sin embargo, parece que esas cifras no logran movilizar un cambio real en la percepción oral sobre la problemática de las infracciones de los vehículos oficiales.
Un Círculo Vicioso que Desincentiva el Cumplimiento
A pesar de ciertos esfuerzos realizados por entidades como el Senado de la Nación para regular el uso de vehículos oficiales mediante la creación de sistemas de registro, el desdén hacia las infracciones persiste. Un funcionario de una institución pública compartió que, en su experiencia, no existe un seguimiento riguroso sobre quién conduce qué vehículo o si se cometieron infracciones, perpetuando una cultura de falta de respeto hacia las reglas de tránsito. De hecho, muchos controladores de infracciones ni siquiera consideran citar a organismos estatales por delitos cometidos por vehículos oficiales, simplemente porque saben que no habrá consecuencias.
Esta falta de responsabilidad propagada entre quienes deberían ser ejemplos de conducta adecuada añade otro nivel de complejidad a un entorno ya problemático. La percepción de que el cumplimiento de las normas de tráfico solo aplica a la ciudadanía general crea una sensación de anomía, donde el respeto por las leyes se convierte en una sugerencia más que en una obligación.
Implicaciones Sociales y Fundamentales
La situación plantea un dilema más amplio que va más allá de la violación de normas. Primero, cuestiona la justicia social, ya que aquellos en posiciones de poder generan un sentido de desigualdad evidente. Mientras que un trabajador común debe cumplir con sus obligaciones viales de manera rigurosa, los funcionarios parecen operar bajo un conjunto diferente de reglas. Esto no solo alimenta la desconfianza pública hacia las instituciones, sino que también socava la credibilidad del Estado y su capacidad para garantizar seguridad y justicia.
Para abordar este problema, sería vital seguir investigando y recolectando datos sobre las infracciones de los vehículos oficiales y promover un cambio legislativo que asegure la aplicabilidad de las mismas normas a todos los ciudadanos. Preguntas abiertas como: ¿Cómo se podrían implementar mecanismos de responsabilidad para los infractores estatales en el ámbito vial? o ¿Qué rol debería jugar la ciudadanía en la exigencia de un mayor control y transparencia? son fundamentales para la construcción de un sistema que no solo castigue, sino que también eduque y promueva el respeto por las normas.
En este sentido, modelos de gestión de infracción más efectivos, inspirados en prácticas internacionales, podrían ser una guía valiosa. Sistemas que no solo registren el uso de los vehículos estatales, sino que también garanticen que las infracciones se asocien sin ambigüedades a los conductores, podrían ser un paso hacia la corrección de esta situación. Al final del día, cambiar la cultura de impunidad hacia una de responsabilidad es un desafío que requiere tanto voluntad política como participación ciudadana activa.