Exceso de velocidad: una amenaza vial en Argentina
El exceso de velocidad se ha consolidado como uno de los principales factores detrás de las tragedias viales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este comportamiento irresponsable es responsable del 33% de las muertes en accidentes de tráfico a nivel mundial. La OMS ha estado instando a los gobiernos a establecer regulaciones más estrictas para controlar la velocidad en las carreteras, sugiriendo la implementación de sistemas que no solo detecten, sino que también sancionen estas infracciones.
En Argentina, diferentes provincias y municipios, incluida la Ciudad de Buenos Aires, han llevado a cabo diversas iniciativas para controlar la velocidad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha emitido convocatorias a las provincias para crear un plan federal orientado a la gestión eficaz de la velocidad en las rutas. Las autoridades están cada vez más comprometidas con la implementación de protocolos que aseguren la precisión de las mediciones y el respeto por los derechos de los infractores.
Para que un radar utilizado en el control de velocidad sea considerado legal, debe cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, los radares fijos que operen en rutas nacionales deben tener autorización previa por parte de la ANSV. Esta entidad se encarga de verificar el modelo y funcionamiento de los radares en colaboración con la Secretaría de Comercio, así como de realizar verificaciones anuales a través del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). En el caso de radares móviles, además de la homologación, se requiere que el operativo esté debidamente identificado, incluyendo cartelería y señales destacables, lo cual sirve para advertir a los conductores sobre su presencia.
A la hora de recibir una multa, el infractor debe ser notificado con un documento que contenga información clave, como la fecha y la ubicación de la infracción, la velocidad permitida, y los datos del radar utilizado. Este protocolo garantiza el derecho a la defensa.
Sin embargo, se han documentado numerosas irregularidades, especialmente eludidas por algunos municipios. A pesar de la conformidad a las regulaciones, se han encontrado casos en que se utilizan radares que no cumplen con los estándares legales establecidos, lo que resulta en multas que eventualmente son declaradas nulas.
Nuevos ángulos e implicaciones
El fallo de algunos municipios al utilizar radares no homologados no es solo un problema de cumplimiento legal, sino que también plantea cuestiones éticas sobre la recaudación de ingresos a expensas de la seguridad vial. En un contexto donde muchos pueblos dependen económicamente de este tipo de ingresos, la presión sobre los funcionarios locales para implementar controles puede crear un conflicto de intereses. Además, las acciones desorganizadas de algunas empresas que instalan equipos de control pueden llevar a la desconfianza pública hacia el sistema, provocando una resistencia entre los conductores.
La reciente implementación de controles más estrictos en vías clave como la Panamericana y el Acceso Oeste también destaca un cambio significativo en la postura de las autoridades sobre la utilidad de las infracciones. Durante años, las violaciones detectadas se ignoraban. Ahora, estas serán procesadas judicialmente, lo que podría tener un efecto disuasorio real en la conducta de los conductores.
Direcciones para investigaciones adicionales
Interesantes líneas de investigación podrían incluir el análisis del impacto a largo plazo de la implementación de estas medidas sobre la reducción de accidentes viales, así como la evaluación de la percepción pública sobre la eficacia y justicia de los controles de velocidad. También sería valioso explorar cómo los municipios pueden equilibrar sus necesidades económicas con la responsabilidad de garantizar la seguridad vial.
Esto plantea preguntas también sobre la educación vial en el país: ¿Está implementando Argentina suficiente educación y concientización sobre la importancia de respetar los límites de velocidad? ¿Cómo podrían las campañas de sensibilización influir en el comportamiento de los conductores para reducir la incidencia de excesos de velocidad en las rutas?
Conclusiones
El abordaje del exceso de velocidad en Argentina es un reflejo de un desafío complejo que involucra medidas autoridades legislativas, la implementación de tecnología de control y, fundamentalmente, un cambio cultural en la forma en que se percibe la seguridad vial. Solo a través de un enfoque coordinado y del compromiso de cada parte interesada se podrán lograr avances significativos en la reducción de la siniestralidad en las carreteras del país.