En Argentina, las infracciones de tránsito pueden parecer un problema menor en el día a día; sin embargo, su falta de pago puede derivar en serias complicaciones administrativas. No saldar estas deudas podría afectar la transferencia de un vehículo o la renovación de una licencia de conducir, generando así una acumulación de multas que podría limitar los derechos de los propietarios.
Los ciudadanos que deseen evitar inconvenientes deberían regularizar sus multas a tiempo, ya que un impago prolongado también les haría perder oportunidades de descuento, que puede llegar a ser del 50% en algunos casos. En la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Administración de Infracciones es la entidad encargada de la gestión de estas multas, según la Ley 451. Esta ley establece que las infracciones pueden ser juzgadas según las normas de la ciudad, además de aquellas de alcance nacional que se delegan en el gobierno local.
Un punto importante a destacar es la cuestión de las sanciones acumuladas de dueños anteriores; las multas no se trasladan automáticamente al nuevo propietario. Sin embargo, el artículo 15 del Código de Faltas de la ciudad señala que las infracciones pueden prescribir entre dos y cinco años, dependiendo de la gravedad, aunque más recientemente se ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo. En un fallo de junio de 2023, una jueza consideró como prescriptas las multas de años anteriores en un caso que podría influir en futuras reclamaciones legales.
Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, la normativa sigue el marco establecido por la Ley Nacional de Tránsito, donde las infracciones menores prescriben a los dos años, y las más graves a cinco años. Las diferencias en los plazos de prescripción subrayan la necesidad de entender las regulaciones específicas en cada jurisdicción.
Los ciudadanos que se enfrenten a multas de un propietario anterior pueden actualizar su situación en la Dirección General de Administración de Infracciones. Este proceso incluye proporcionar documentación relevante, como un historial de dominio o un informe de propiedad que certifique la compra del vehículo. Además, la posibilidad de consultar su estado de multas es completamente digital, lo cual agiliza el proceso. A través del sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el servicio de mensajería automática “Boti” se pueden gestionar dudas y pagos.
En un contexto más amplio, la gestión de multas de tránsito y su regulación tiene implicaciones significativas sobre la responsabilidad ciudadana y el orden público. La falta de atención a estas infracciones puede reflejar no solo un descuido individual, sino un problema más amplio relacionado con la cultura del cumplimiento de la ley. En cuanto a futuras investigaciones, sería interesante conocer cómo las tecnologías emergentes podrían integrarse en la gestión de multas, así como explorar patrones de comportamiento entre diferentes segmentos de la población respecto al cumplimento de normas de tránsito.
Además, se podría reflexionar sobre como la educación vial y la concientización puedan desempeñar un papel crucial en ayudar a prevenir el acumulado de multas y mejorar la seguridad vial en general.