La Cámara de Diputados de Brasil está discutiendo un proyecto de ley innovador que establece un enfoque escalonado para las multas de tránsito, donde las sanciones serán proporcionales a los ingresos del infractor. Esta propuesta, impulsada por el legislador Israel Batista del Partido Verde, tiene como objetivo fundamental que «los individuos con mayor capacidad económica asuman un mayor costo por sus infracciones viales».
El argumento central de Batista es la evidente desigualdad económica: una infracción puede consumir hasta el 29% del salario mensual de una persona que gana el salario mínimo, en contraste con solo el 1% para aquellos que están en la categoría más acomodada de la sociedad, cuyos ingresos promedian 27,000 reales. Sobre esta base, el proyecto sugiere que las multas serían multiplicadas: hasta 14 veces más para los infractores de clase A (ingresos superiores a 20 salarios mínimos), 5 veces para la clase B (de 10 a 20 salarios mínimos), y 3 veces para la clase C (de 4 a 10 salarios mínimos). Para las clases más bajas, las multas se mantendrían sin cambios.
No obstante, este enfoque ha suscitado críticas. Aunque Batista afirma que existe una relación inversa entre la capacidad adquisitiva y el cumplimiento de las leyes de tránsito, no ha presentado estudios concretos que respalden esta afirmación. Esta controversia representa un desafío importante para la validez de la propuesta.
Desde un punto de vista más amplio, la iniciativa podría interpretarse como una respuesta necesaria ante las desigualdades existentes en Brasil, donde los estratos socioeconómicos más privilegiados a menudo parecen evadir la responsabilidad en cuestiones de cumplimiento normativo, empezando por las multas por infracciones de tránsito. Esta medida podría marcar un precedente respecto a cómo las políticas públicas pueden abordar la inequidad y modificar el comportamiento social.
Sin embargo, el proyecto también plantea preguntas sobre su posible efectividad y aceptación. ¿Podría este enfoque llevar a un aumento en la recaudación de multas y a una mayor conciencia sobre la responsabilidad vial en las clases más elevadas? Por otro lado, ¿es posible que las personas de alto poder adquisitivo encuentren formas de evadir o disminuir estas sanciones?
El potencial impacto de esta propuesta va más allá del ámbito inmediato de la ley de tránsito, abriendo un debate más amplio acerca de la justicia económica y la responsabilidad social. Además, sería relevante analizar la implementación de sistemas similares en otros países y sus resultados, como podría ser el caso de los países escandinavos, donde se han aplicado multas por infracciones de tráfico escalonadas en función de los ingresos, promoviendo una cultura de mayor conciencia social.
En conclusión, aunque el proyecto podría enfrentar objeciones y desafíos en su camino hacia la aprobación, su discusión es un reflejo de la necesidad de una reforma más profunda en la relación entre la ley y la economía, y cómo esta puede contribuir a una sociedad más equitativa y responsable.