Un nuevo proyecto presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha generado tensiones con la oposición y miembros del Tribunal de Faltas, ya que propone aumentar drásticamente las sanciones por violaciones de tráfico. Aunque todavía no ha sido discutido en la Comisión de Justicia de la Legislatura, se plantea que las multas podrían ascender a 30,000 pesos por cruzar un semáforo en rojo y hasta 100,000 pesos en situaciones de contaminación sonora o ambiental. Esta propuesta, diseñada por el secretario de Gobierno Octavio Gauna y el subsecretario Jorge Enríquez, busca introducir un nuevo Código Contravencional y de Faltas, cuyo contenido aún se está ultimando, especialmente en lo que respecta a figuras como el acecho y la oferta sexual en la vía pública.
Al considerar el impacto de este proyecto, es relevante interpretar las reacciones de la oposición. Desde el Tribunal de Faltas, el juez de Cámara Néstor Losa expresó sus dudas sobre la efectividad de las medidas, sugiriendo que en lugar de imponer multas severas, sería más constructivo enfocarse en la educación vial como método de prevención. Losa subrayó que en la actualidad, las multas son significativamente menores, lo que genera interrogantes sobre la capacidad de hacer cumplir sanciones tan altas.
Además, otros miembros de la oposición, como la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Raquel Kismer de Olmos, también criticaron el enfoque del Gobierno, describiendo las multas propuestas como «expropiatorias» y potencialmente injustas para los ciudadanos. La preocupación no se limita solo a la cantidad de las multas, sino a su practicidad y a la forma de su imposición.
Por su parte, Enríquez defendió el enfoque educativo de la legislación, argumentando que el propósito es concienciar a los infractores en lugar de simplemente recaudar. Se ha planteado que las nuevas normas ofrecerán alternativas a los jueces, quienes podrán optar entre impostar multas, arrestos o penas alternativas.
### Nuevas Perspectivas y Implicaciones
La discusión en torno a este proyecto de ley resuena con un tema recurrente en ciudades de todo el mundo: el balance entre el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Si bien la intención de aumentar la seguridad vial es noble, la efectividad de las multas exorbitantes es cuestionable. Diversas investigaciones han demostrado que la educación y las campañas de sensibilización pueden resultar más efectivas que las sanciones monetarias.
Además, el contexto socioeconómico actual, sumergido por la crisis económica, puede convertir estas multas en una carga financiera insuperable para muchos. Esto lleva a interrogantes sobre la equidad en su aplicación y sobre cómo afectarán a las comunidades más vulnerables.
### Direcciones para la Investigación Futura
Sería valioso explorar cómo han funcionado iniciativas similares en otras ciudades con problemáticas análogas. Evaluar la efectividad de programas de educación vial comparados con la imposición de sanciones monetarias podría ofrecer información crucial para los legisladores argentinos.
Además, se podría investigar el estado actual de los recursos disponibles para la formación de conductores y la prevención de infracciones, así como el impacto que estas políticas de sanción podrían tener en el comportamiento de los conductores en el largo plazo.
A medida que avanza el debate sobre este nuevo Código de Infracciones, surge la necesidad de una conversación más profunda sobre la justicia en la aplicación de la ley y sobre cuáles son las mejores prácticas para fomentar un entorno de movilidad más seguro y responsable.