Recientemente, se han implementado controles de velocidad en la Avenida General Paz, en un esfuerzo conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida ha generado un notable incremento en el número de infracciones, alcanzando aproximadamente 1,500 registros diarios.
Los mecanismos de vigilancia incluyen tanto radares fijos como móviles. Estos últimos presentan una ventaja significativa, ya que son más difíciles de eludir, dado que no son detectados por sistemas de navegación GPS. En la General Paz, que recibe el tránsito de aproximadamente 316,000 vehículos cada día, existen dos límites de velocidad: entre la Panamericana y el Riachuelo se establece un máximo de 80 km/h (40 km/h para vehículos de carga pesada), mientras que el tramo entre la Panamericana y Lugones permite una velocidad de hasta 100 km/h. En caso de violaciones, las sanciones económicas aplicables ascienden a $920, aunque si se opta por un pago voluntario, este se reduce a $493.20.
Es importante señalar que, al tratarse de una carretera nacional, las infracciones no afectan el sistema de puntos que penaliza a los conductores en la Capital Federal.
### Nuevos ángulos:
Las nuevas medidas de control de velocidad se inscriben dentro de una tendencia más amplia de las autoridades argentinas hacia la regulación del tráfico y la mejora de la seguridad vial. Este enfoque es especialmente relevante en una época en que las fatalidades en accidentes de tráfico continúan siendo un problema serio en el país. La eficacia de los radares y el uso de tecnología avanzada también abren la vía a la discusión sobre la implementación de sistemas similares en otras rutas de alta peligrosidad.
Además, la diferencia en los límites de velocidad para distintos tipos de vehículos sugiere una preocupación por las características del tráfico, lo que puede implicar la necesidad de mejorar las infraestructuras de apoyo, tales como áreas de descanso o rutas alternativas para camiones.
### Valor añadido:
Para profundizar en este tema, sería útil investigar el impacto a largo plazo de estas medidas en el comportamiento del tránsito y en la tasa de accidentes. También vale la pena explorar cómo la tecnología en la vigilancia del tráfico puede ser perfeccionada y si hay otros países que han aplicado estrategias exitosas que Argentina podría considerar.
Algunas preguntas abiertas incluyen: ¿qué tipo de respuestas generan estas multas en términos de responsabilidad entre los conductores? ¿Cuál es la percepción pública sobre la efectividad y la justicia de este sistema de fotomultas? Además, se podrían considerar las implicaciones económicas que estas multas podrían tener sobre los conductores de menores recursos, dado que las tarifas pueden ser significativas.
Finalmente, sería interesante examinar el contexto histórico de la seguridad vial en Argentina y cómo la política pública ha evolucionado a lo largo de los años en respuesta a las estadísticas de accidentes, y cómo esto se relaciona con las tendencias y comportamientos actuales de los conductores.