Recientemente, Carlos Bianco, quien ocupa el cargo de Ministro de Gobierno en la Provincia de Buenos Aires, se encontró en el centro de la controversia tras negarse a someterse a una prueba de alcoholemia. Al justificar su decisión, Bianco argumentó que tiene el derecho, como ciudadano, a rechazar el control, insistiendo en que su negativa no estaba ligada a su posición oficial. Esta defensa no solo apela a la figura del «ciudadano común», sino que también refleja una tendencia entre algunos funcionarios públicos a distanciarse de su rol cuando las circunstancias les son desfavorables.
Lo peculiar de su argumento es que coincide con la postura asumida por el presidente Javier Milei, quien tras presentar la criptomoneda Libra se defendió al igual que Bianco, alegando sus derechos como ciudadano en lugar de su capacidad como mandatario. Este tipo de justificaciones parece ser una táctica común, donde la distinción entre el cargo y la vida privada se utiliza estratégicamente en función de la conveniencia.
Sin embargo, la realidad legal establece que la negación a someterse a una prueba de alcoholemia no está amparada por un «derecho» que se aplique a cualquier persona, incluyendo a los funcionarios. De acuerdo con la legislación vigente, todos los conductores, independientemente de su estatus, están obligados a realizarse las pruebas pertinentes ante un control. Esta regla, que es clara en su redacción, subraya la responsabilidad colectiva, y violarla implica no solo un incumplimiento legal, sino la suposición de culpabilidad.
Un aspecto más preocupante es el contexto en el que Bianco tomó su decisión. Durante la noche del incidente, se reveló que había pedido a un empleado de la empresa concesionaria de la autopista que tomara el volante del vehículo oficial que utilizaba, lo que añade una capa de cuestionamiento sobre la ética y el comportamiento de los funcionarios al volante, especialmente considerando que el vehículo en cuestión tenía una larga lista de infracciones y deudas por multas.
La impunidad de los vehículos oficiales es un tema recurrente en Argentina. Los autos asignados a funcionarios a menudo parecen estar exentos de las responsabilidades que cualquier ciudadano enfrenta en la carretera. La acumulación de infracciones sin penalización adecuada crea un ciclo donde los funcionarios se sienten automáticamente amparados, independientemente de sus acciones o decisiones.
Este incidente plantea varias preguntas críticas: ¿Qué medidas deberían implementarse para asegurar que los funcionarios públicos estén sujetos a las mismas leyes que el resto de la población? ¿Cómo se puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de vehículos oficiales? Estas cuestiones podrían abrir un debate más amplio sobre la necesidad de reformar las normas de conducta de los funcionarios y fortalecer los mecanismos de control.
En conclusión, la negación de Bianco a someterse a una prueba de alcoholemia no solo refleja la cultura de impunidad que rodea el funcionamiento del Estado argentino, sino que también resalta una falta de comprensión de la responsabilidad que acompaña a cualquier cargo público. Este episodio podría servir como catalizador para discutir la necesidad de reformas estructurales y culturales en la administración pública.