El 4 de agosto del año pasado, el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de suspender temporalmente a un funcionario de la Dirección de Infracciones, identificado como H.R.A., tras llevar a cabo una investigación que reveló su actuación como intermediario entre infractores y gestores privados. Se determinó que el empleado había indicado a un deudor, el 13 de mayo de 2004, la necesidad de contratar un abogado para gestionar la cancelación de infracciones, a pesar de que este procedimiento se podía realizar de manera directa y sin costo alguno.
La situación salió a la luz gracias a la denuncia de un ciudadano que se opuso a la intervención de gestores y presentó evidencias en forma de una tarjeta del estudio jurídico Pouyoux-Fernícola. Un aspecto interesante del caso es que se descubrió que uno de los presuntos socios del estudio, Héctor Fernícola, tenía un empleo como trabajador del Hospital de Quemados de la Ciudad. Durante su declaración, Fernícola admitió cumplir con sus obligaciones laborales en el hospital de 18:00 a 24:00, además de trabajar en el estudio durante las mañanas.
Además, se reveló que el funcionario de la Dirección de Infracciones fue reasignado a trabajar con el controlador de faltas Nº18 tras ser investigado. A pesar del escándalo, parece que H.R.A. aún mantiene su puesto en la misma repartición.
### Nuevos ángulos y contexto
La situación presentada no solo plantea preguntas sobre la ética y la transparencia en el manejo de infracciones de tránsito, sino que también refleja un posible patrón de conducta en el que algunos empleados públicos podrían intentar capitalizar su posición. Esto no es un caso aislado; en diversas jurisdicciones se han denunciado situaciones similares donde funcionarios se convierten en intermediarios de una burocracia que, en teoría, debería ser accesible al ciudadano común sin costos adicionales.
Además, este escenario sugiere un cuestionamiento más amplio sobre cómo las instituciones públicas manejan la relación con los gestores externos y su efecto en la percepción pública sobre la transparencia y la equidad en el sistema legal.
### Valor añadido
Esta situación podría abrir la puerta a investigaciones más profundas sobre la integridad de los sistemas de multas y la regulación de la profesión legal relacionada con la gestión de infracciones. Es relevante considerar si hay suficientes controles para prevenir la corrupción y si los ciudadanos son lo suficientemente informados sobre sus derechos en el proceso de gestión de infracciones.
Otro punto a explorar es el impacto que estos comportamientos tienen en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. La falta de transparencia puede generar desconfianza y resentimiento hacia el sistema, lo que a su vez puede llevar a una menor disposición a colaborar con las autoridades.
Finalmente, es pertinente indagar qué medidas se están implementando para garantizar que situaciones similares no se repitan, así como investigar hasta qué punto la asignación de roles y la supervisión de los empleados públicos son suficientemente rigurosos para evitar abusos de poder.
Este caso es un recordatorio de la necesidad de una vigilancia constante en el ámbito del servicio público y la importancia de fomentar una mayor cooperación entre las instituciones y los ciudadanos para mejorar la confianza en la administración pública.