En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones por infracciones de tránsito han experimentado un significativo incremento del 27% debido a la reciente actualización del valor de la Unidad Fija, utilizada para el cálculo de las multas. Esta unidad, que había estado congelada por un año debido a la emergencia sanitaria, ahora se sitúa en $79.90, un aumento desde los $63.09 anteriores. Este cambio entró en vigor el 15 de enero y se prevé una nueva revisión en marzo.
A diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las tarifas permanecieron constantes desde 2019 hasta que en enero se dispararon un 82.5%, la Provincia ha estado haciendo ajustes periódicos. La nueva tarifa afectará principalmente las infracciones más severas, que se sancionan con entre 300 y 1.000 Unidades Fijas, una cifra que ahora equivale a multas que oscilan entre $23,970 y $79,900.
Entre las infracciones más comunes que conllevan esta carga están el pasar un semáforo en rojo, conducir sin licencia, huir de un control policial, y conducir bajo la influencia del alcohol, así como el estacionamiento indebido y la falta de verificación técnica vehicular (VTV). Además, se han introducido flexibilidades en el pago de multas no abonadas, permitiendo a los infractores optar por pagos en cuotas sin interés durante un período de 90 días.
### Nuevas Perspectivas
Este aumento en las multas podría ser percibido como un intento por parte del gobierno provincial de desincentivar conductas de riesgo en las calles, especialmente en un contexto donde el cumplimiento de las normas de tránsito es fundamental para la seguridad pública. Además, el incremento de tarifas puede ser una respuesta financiera a las restricciones presupuestarias a las que se enfrentan muchas provincias en Argentina.
Asimismo, se abre un debate sobre la equidad de estas sanciones. Un aumento del 27% podría impactar desproporcionadamente en sectores de menores ingresos, quienes pueden encontrar dificultades adicionales para cumplir con estas obligaciones.
El contexto de la movilidad urbana también se debe considerar. En los últimos años, el uso de bicicletas y transporte público ha aumentado, lo que podría llevar a un análisis sobre cómo estos ajustes en las multas podrían influir en el comportamiento de los conductores y en la decisión de optar por medios de transporte alternativos.
### Oportunidades de Investigación
Las políticas de sanción en el tránsito ofrecen un campo fertile para la investigación. Preguntas como: ¿cómo afectan estas medidas a la reducción de accidentes viales? ¿Se ha observado una correlación entre el incremento de multas y la disminución de infracciones? También sería relevante explorar el impacto en la recaudación de ingresos para el gobierno provincial y si estos fondos se están utilizando de manera efectiva para mejorar las infraestructuras de tránsito.
Este tipo de ajustes normativos representan momentos cruciales para entender no solo la administración del tránsito, sino también cómo las políticas públicas pueden influir en el comportamiento ciudadano y, con ello, en la seguridad vial en general.