La temporada de verano en Argentina suele ser un periodo crítico en cuanto a las infracciones por exceso de velocidad en las carreteras y autopistas. Muchos conductores, ante la necesidad de presentar un certificado de libre deuda para renovar su licencia de conducir o para la venta de vehículos, recurren a servicios que operan en la frontera de la legalidad para limpiar su historial de multas.
Estos servicios se promocionan en línea, donde gestores prometen reducción de multas a cambio de un porcentaje. Por ejemplo, una gestoría mencionada garantiza resultados en menos de una semana, lo que plantea interrogantes sobre cómo logran esos descuentos. Las infracciones son manejadas por los Juzgados administrativos de infracciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires, lo que introduce sospechas sobre la posible complicidad de los funcionarios involucrados.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es su impacto en la recaudación fiscal, ya que los municipios y la provincia reciben menos ingresos debido a estas prácticas. Además, los conductores tienden a perder el respeto por la gravedad de las multas, al ver reducidas las sanciones. Esto se agrava en un contexto donde el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol son causas principales de siniestros viales, como lo evidenció el caso del músico Kaleb Di Masi, involucrado en un accidente grave y con un historial de multas significativas.
Organizaciones que abogan por la seguridad vial critican estas prácticas, argumentando que degradan la importancia de las multas y minimizan la responsabilidad al volante. La fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor, Viviam Perrone, subraya la necesidad de una mayor concienciación y controles eficaces para reducir el número de accidentes.
A su vez, especialistas en tráfico añaden que la búsqueda de reducción de multas, lejos de corregir el comportamiento del conductor, representa una doble falta de ética y responsabilidad. El exceso de velocidad aumenta el tiempo necesario para detener un vehículo, lo que repercute negativamente en la seguridad de todos los usuarios de la vía. Desde las organizaciones de seguridad vial se recomienda mantener velocidades prudentes y evitar el consumo de alcohol al conducir como medidas primordiales para reducir los siniestros en carreteras.
En este complicado marco, se destaca la situación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que, tras la renuncia de su director en diciembre de 2022, permanece sin liderazgo. Este vacío de gestión afecta su capacidad para coordinar el trabajo de sus operativos en rutas nacionales cuando la demanda es mayor durante el periodo estival.
Es fundamental investigar a fondo cómo las políticas de seguridad vial pueden ser mejoradas y qué medidas pueden implementarse para ayudar a restaurar la confianza en el sistema. Preguntas a plantear incluyen: ¿Cómo se puede asegurar la transparencia en la gestión de multas? ¿Qué rol deberían jugar las tecnologías emergentes, como los drones, en la vigilancia vial? Estas indagaciones no solo ayudarían a dimensionar el problema, sino que también podrían fomentar cambios necesarios en la legislación y en la cultura de conducción en el país.