Un nuevo desarrollo ha surgido en el incidente relacionado con dos diplomáticos rusos que se resistieron a someterse a un control de alcoholemia en Buenos Aires. La situación ha tomado un giro legal significativo con la reciente presentación de una denuncia contra funcionarios locales, acusados de abuso de autoridad, violaciones a tratados internacionales, y una serie de actos que podrían constituir amenazas coactivas y privación ilegal de la libertad. Esta denuncia se suma a la formulada previamente por la diputada libertaria Marcela Pagano.
El abogado Javier Ignacio Baños, quien ha tomado la iniciativa en esta denuncia, argumenta que la negativa de los diplomáticos a bajar de su vehículo se debe a su.status dentro de la embajada, lo que, según él, les otorga inmunidad. A su vez, indicó que los funcionarios policiales, al amenazar a los diplomáticos con armas, podrían enfrentarse a sanciones severas, que incluyen penas de cárcel de entre tres y seis años.
A pesar de estas afirmaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino había emitido un comunicado instruyendo a las embajadas sobre la obligación de someterse a controles de tránsito, lo que plantea un dilema sobre la posible colisión entre las normativas locales y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este tratado, mientras otorga inmunidades, también exige respeto a las leyes del país anfitrión, lo que añade una capa de complejidad al debate.
En el contexto más amplio de seguridad vial, es crítico mencionar que en Buenos Aires, aproximadamente un 20% de los incidentes de tránsito involucra a conductores bajo los efectos del alcohol. Durante el reciente operativo navideño, las autoridades llevaron a cabo más de 8,700 pruebas, resultando en 70 conductores con niveles de alcohol por encima del límite permitido, lo que indica una prevalencia preocupante del alcohol al volante.
Este incidente no solo plantea interrogantes sobre el respeto a las normas diplomáticas, sino que también subraya la necesidad de abordar de manera efectiva la seguridad en la conducción en tiempos de festividad, donde el consumo de alcohol tiende a aumentar. La tensión entre la ley y las inmunidades diplomáticas continúa siendo un área gris que merece atención, planteando la pregunta de si se necesitan reformas legales para clarificar estas situaciones.
Además, el incidente invita a reflexionar sobre cómo se manejan las relaciones diplomáticas en un contexto donde la seguridad pública también es prioridad. Sería prudente que las autoridades investigaran posibles precedentes de conflictos similares para establecer un protocolo claro en el futuro, asegurando tanto el respeto por la diplomacia como la protección de la ciudadanía.