El Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido implementar modificaciones significativas al Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, comúnmente conocido como «scoring». Esta ley, que se aprobó recientemente, tiene como objetivo facilitar la aplicación de sanciones por infracciones de tránsito. Un cambio clave en esta normativa es que los puntos serán descontados automáticamente del registro del propietario del vehículo al cometerse una falta, sin necesidad de identificar al conductor en el acta correspondiente. Adicionalmente, se han incorporado nuevas infracciones que también llevarán a la pérdida de puntos.
La propuesta fue elaborada por un grupo de diputados del bloque Vamos Juntos, y fue respaldada con una votación de 41 a favor, sin votos en contra y 17 abstenciones. El sistema actual, que entró en vigor en 2009, ha mostrado ser ineficaz, ya que solo un pequeño porcentaje de infractores ha sido identificado y sancionado, lo que ha llevado a que la mayoría de conductores no enfrenten consecuencias por sus violaciones.
El nuevo enfoque permitirá que las infracciones se traduzcan más efectivamente en la reducción de puntos para el titular del vehículo, incluso si no es la persona que conducía al momento de la infracción. La ley ofrece la opción de que el propietario del vehículo identifique a quien conducía en el momento del infracción, pero esto requerirá el consentimiento del conductor.
Las modificaciones también contemplan un endurecimiento de las sanciones: la reducción de puntos por infracciones comunes se ha incrementado, por ejemplo, no usar el cinturón de seguridad ahora implica perder cuatro puntos en lugar de dos. También se introducen sanciones para conductas peligrosas que pueden costar hasta diez puntos, indicando un cambio hacia una mayor rigurosidad en la sanción.
Perspectivas y Contexto:
La modificación de esta ley puede interpretarse como un intento por parte del gobierno de mejorar la seguridad vial en la ciudad y reducir las muertes y accidentes en las calles. Sin embargo, expertos en seguridad vial han expresado sus críticas sobre el sistema. Fabián Pons, un analista del Observatorio Vial Latinoamericano, argumenta que la ley, tal como fue redactada, prioriza la recaudación sobre la seguridad real en las carreteras. La preocupación central es que el proceso de descuento de puntos se ejecute sin una correcta defensa para los infractores, presionando a los conductores a aceptar automáticamente sanciones incluso antes de tener una oportunidad de apelar.
Investigaciones adicionales podrían explorar la eficacia del sistema en comparación con otros modelos de gestión de puntos en diferentes países. Igualmente, puede ser pertinente analizar la correlación entre la implementación de este nuevo marco regulatorio y los cambios en las estadísticas de accidentes viales en la ciudad. También es relevante cuestionar cómo se está desarrollando a nivel provincial y nacional la idea de adoptar un sistema similar: el compromiso de implementación de scoring en otras regiones depende del interés de las municipalidades por adherir a este modelo.
En suma, mientras la legislación busca mejorar la disciplina en las vías urbanas, el debate sobre su implementación y efectividad refleja tensiones más amplias sobre la gobernanza y la responsabilidade vial, lo que plantea interrogantes sobre el balance adecuado entre recaudación y seguridad.